El gobierno de Australia oficializó un proyecto de ley que pretende limitar la edad de acceso a las redes sociales. De aprobarse, se deberá tener al menos 16 años para poder utilizar las plataformas.
Esta idea de fijar una edad mínima parte de la base de proteger la salud mental de los niños y adolescentes, limitando el impacto negativo que generan las redes. También busca permitirle a los padres un mayor control sobre el acceso que tienen sus hijos a la digitalidad.
No obstante, según anunciaron, en caso de que se apruebe la ley, los menores de 16 años podrían mantener sus cuentas si obtienen el consentimiento paterno, o si ya las tenían antes de la entrada en vigor de la ley.
En estos casos particulares confirmaron oficialmente que no se impondrán sanciones ni a los usuarios menores, ni a los padres que permitan el uso de plataformas.
Esta propuesta legislativa podría someterse a votación parlamentaria en las próximas semanas, y establece un periodo de gracia de doce meses para su implementación tras su aprobación.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, explicó que esta iniciativa busca "limitar el impacto negativo de las redes en la salud mental de los adolescentes y permitir a los padres mayor control sobre el acceso de sus hijos a las plataformas digitales".
“Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin”, declaró durante una conferencia de prensa en la ciudad de Camberra.
Albanese considera que esta legislación "es un paso necesario ante la creciente evidencia de efectos adversos en el bienestar de los jóvenes".
Por otro lado, subrayó que una vez aprobada la norma, "los padres podrán decirle a sus hijos que el uso de redes sociales va contra la ley”.
Las autoridades confirmaron que la mayor responsabilidad para hacer cumplir la ley recaerá directamente en las plataformas digitales, ya que deberán implementar medidas de verificación de edad.
Para garantizar que todas las redes cumplan con la normativa, será la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica la que se encargue de establecer pautas y exigir medidas razonables a las redes sociales y aplicaciones digitales.
De aprobarse definitivamente, las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y YouTube, pasarán a estar supervisadas legalmente.
Según indican, solo podrían eximirse aquellas plataformas consideradas “de bajo riesgo”, donde la exposición a contenidos nocivos sea mucho menor.
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