En Ushuaia, la justicia parece haberse convertido en un escenario donde los concejales abogan por sí mismos y salen ganando, incluso cuando las causas caen en abstracto. Los recientes fallos en los casos promovidos por el concejal Vladimir Espeche (MPF) y Valter Tavarone (SF) revelan una práctica que, aunque pueda estar legalmente ajustada, despierta serias dudas sobre la ética y el uso de los recursos públicos.
Espeche y Tavarone, quienes además de ser concejales son abogados, han presentado acciones de amparo contra funcionarios municipales solicitando información pública. En varios casos analizados por este medio, las respuestas por parte de la Municipalidad llegaron de manera extemporánea, es decir, una vez iniciadas las demandas judiciales. Sin embargo, lo que resulta llamativo es que, pese a que la justicia declaró las causas "abstractas" en varios pedidos por haberse cumplido finalmente con la entrega de la información, la regulación de las costas del proceso terminó favoreciendo a los propios demandantes.
La estrategia es evidente: ante la demora en los pedidos de informes, se recurre rápidamente a la vía judicial, y aunque la cuestión de fondo se diluye por la posterior respuesta del municipio, la imposición de costas queda en manos del Estado. Es decir, los honorarios de los abogados -en este caso, de los propios concejales que actúan “por derecho propio”- terminan siendo cubiertos con fondos públicos.
Un dato importante a tener en cuenta es que en mucho casos la solicitud de información se produce inicialmente en dependencias menores o incorrectas, lo que fuerza al Ejecutivo a llevar adelante un trámite más extenso hasta que el pedido recae en la oficina correcta.
El caso más paradigmático es el del concejal Tavarone, donde la justicia rechazó el pedido de la Municipalidad para declarar la cuestión abstracta y falló a favor del concejal, imponiendo las costas a la demandada y regulando honorarios por más de 900 mil pesos en beneficio del propio Tavarone.
La situación adquiere un matiz aún más preocupante cuando se considera que no se trata de casos aislados. El patrón se repite, y aunque las demandas podrían encuadrarse en el legítimo ejercicio de control institucional, el desenlace económico genera suspicacias. ¿Es una forma de presión legítima o una estrategia para obtener beneficios económicos personales a expensas del erario municipal?
La utilización de los mecanismos judiciales para garantizar el acceso a la información pública es un derecho inalienable. Sin embargo, la frecuencia con la que se recurre a esta vía, en lugar de agotar las instancias administrativas, y la coincidencia en la regulación de costas, alimentan cuestionamientos sobre la integridad del proceso. Que los ediles obtengan una retribución económica por ello, al menos debería abrir un debate sobre la transparencia y la ética en el ejercicio de sus funciones públicas.
En definitiva, mientras las causas se diluyen en lo abstracto, las costas concretas siguen saliendo del bolsillo de los vecinos de Ushuaia.
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