El gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Defensa, Luis Petri, ha decidido cancelar la construcción del dique flotante para la Base Naval Integrada de Ushuaia. Este proyecto, fundamental para la soberanía nacional, estaba destinado no solo a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, sino también a consolidar el Polo Logístico Antártico, un punto estratégico clave para la defensa y el desarrollo regional.
Según Diego Seimandi, quien lleva más de 25 años trabajando en el Astillero Río Santiago en la construcción de buques militares, “el dique venía a cumplir una función estratégica, no solo para la soberanía nacional, sino también para generar divisas al país, porque todos los trabajos que se facturan en ese ámbito se hacen en dólares”.
La historia del proyecto está marcada por decisiones y compromisos incumplidos. Durante el gobierno anterior, liderado por Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, se firmó un contrato para el desarrollo del dique, con un costo estimado de 15 millones de dólares. Seimandi explicó que “el diseño fue desarrollado por el Astillero Río Santiago, certificado por un registro japonés (NKK) y aprobado por la Armada Argentina”. Sin embargo, en febrero de 2024, el gobierno debía liberar una partida de 5 millones de dólares para la compra de materiales, lo cual nunca ocurrió.
A pesar de los intentos de diálogo, las puertas del Ministerio de Defensa permanecieron cerradas para los trabajadores del Astillero. “Pedimos reuniones con Petri, nos movilizamos, pero no nos recibió. Nos atendió la jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, quien afirmó que el dique no era una prioridad para la Armada Argentina. Sin embargo, esto fue desmentido categóricamente por el contralmirante Diéguez en una reunión de la Comisión Asesora de la Industria Naval, donde aseguró que el proyecto es fundamental para la Armada y el país”, relató Seimandi.
La cancelación también genera dudas sobre los intereses estratégicos y comerciales que podrían estar detrás de esta decisión. Seimandi, quien además es secretario de Acción Política de ATE Ensenada, explicó que “si no se hace el dique en el país y se compra en el extranjero, estarán violando el artículo 15 de la Ley de Industria Naval, que establece que cualquier construcción que pueda hacerse en Argentina debe ser realizada localmente”. Esta preocupación no es infundada, considerando antecedentes de adquisiciones externas en gobiernos anteriores, como los buques OPV comprados a Francia durante la gestión de Mauricio Macri.
A pesar de las declaraciones del presidente Javier Milei en sus primeros días de gestión, donde calificó la Base Naval Integrada de Ushuaia como un “objetivo estratégico”, la cancelación del dique flotante parece indicar lo contrario. Mientras tanto, en el Astillero Río Santiago se mantiene la expectativa de que este proyecto pueda retomarse bajo una administración que priorice la defensa nacional y el desarrollo industrial local.