El integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, José Piñeiro, expresó su profunda preocupación ante dos proyectos de ley presentados en la provincia que abordan la emergencia en el sistema penitenciario, por un lado, y la desfederalización de los delitos comprendidos en la ley 23.737. Estas propuestas legislativas, según el activista, no solo podrían agravar la situación del sistema penitenciario fueguino, sino también contradecirse entre sí, complicando aún más la ya crítica situación carcelaria.
Piñeiro explicó que uno de los proyectos plantea declarar la emergencia en el servicio penitenciario de la provincia y, aunque la declaración en sí misma es entendible y necesaria, las medidas propuestas dentro del proyecto incluyen la privatización de ciertos derechos fundamentales de los reclusos, como la alimentación, la salud, la educación y el acceso a la cultura. “Estos dos proyectos no solo podrían perjudicar la situación grave que existe en el sistema penitenciario fueguino, sino que son contradictorios entre sí”, afirmó Piñeiro.
El periodista también destacó que la privatización de estos servicios es una medida que se ha demostrado ineficaz en otras partes del mundo. Al respecto mencionó ejemplos de Estados Unidos, Chile, Brasil y México, donde la privatización del sistema penitenciario ha llevado a situaciones críticas, con graves problemas de hacinamiento, infraestructura deficiente y violaciones de derechos humanos. “Cuanto más tiempo esté la gente detenida, mayor ganancia van a tener estas empresas”, señaló Piñeiro, subrayando la lógica mercantil que predomina en estos sistemas.
El segundo proyecto de ley que genera preocupación busca desfederalizar la ley 23.737, transfiriendo la responsabilidad de combatir el narcotráfico de la justicia federal a la provincial. Piñeiro advirtió que esta medida podría incrementar significativamente el número de detenciones por narcomenudeo y consumo personal, saturando aún más el sistema penitenciario provincial. "¿Detienen a quién? A un pibe que anda en la calle fumándose un porro”, criticó Piñeiro, describiendo la situación en provincias donde ya se ha implementado esta política.
En este sentido, remarcó que estas políticas no atacan el problema de fondo del narcotráfico, que es la desarticulación de las grandes cadenas de suministro y financiamiento. En cambio, tienden a enfocarse en los consumidores y pequeños transportistas, dejando intactas las estructuras criminales más grandes. “Lejos está de cortarse la cadena y el negocio del narcotráfico”, comentó.
Además, Piñeiro destacó el impacto desproporcionado de estas medidas sobre mujeres y personas trans, quienes son frecuentemente utilizadas y explotadas en el tráfico de drogas y, como consecuencia, representan un alto porcentaje de los detenidos bajo estas leyes.
Frente a estas preocupaciones, la Multisectorial de Derechos Humanos ha emitido un comunicado llamando a los legisladores a buscar soluciones de fondo que realmente mejoren el sistema penitenciario y aborden eficazmente el problema del narcotráfico. Piñeiro enfatizó la necesidad de una intervención integral y con enfoque en derechos humanos, en lugar de recurrir a soluciones privatizadoras que han demostrado ser fallidas en otros contextos.
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