
La Justicia federal suspendió este jueves el decreto de Javier Milei que había convertido en Sociedad Anónima el Banco Nación, pese a la decisión del Congreso de dejar afuera a la principal institución bancaria estatal de la lista de empresas a privatizar. La decisión la tomó el juez Alejo Ramos Padilla.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por los trabajadores del BNA, a través de una demanda colectiva. “Los trabajadores que han suscripto la demanda se presentan por derecho propio y alegan su legitimación colectiva para representar a los trabajadores del Banco de la Nación Argentina, demandando a dicha entidad bancaria y al Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348”, sostuvo Padilla en sus argumentos.
Ramos Padilla ratificó lo expresado en otro fallo al cuestionar el DNU dictado por el Poder Ejecutivo. “En cuanto a la verosimilitud del derecho, como sostuve al dictar sentencia y al resolver la medida cautelar interina, el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, agregó.
Por ende, debería ser el Congreso de la Nación quien determiné un potencial cambio societario del banco, al entender del magistrado. También cuestionó al DNU 70/30 y la Ley de Bases.
El gobierno nacional avanzó con el Decreto 116/2025 que establece la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en Sociedad Anónima; la intención del oficialismo de insistir en una posible privatización del principal banco del país que, con resultados más que favorables, despierta interés en grandes actores del mercado mientras, a nivel local, crece el temor por el impacto en pequeños pueblos, barrios y regiones productivas que no sean “rentables” para el interés privado.
Con más de 130 años de historia, el Nación juega un rol clave en el financiamiento al sector productivo con sus más de 700 sucursales en las provincias del país, siendo central en el otorgamiento del crédito a las actividades que dinamizan la economía nacional, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas y productores, así como de las propias familias argentinas, cumpliendo un rol social y de desarrollo, por sobre el interés comercial que podría imponerse con la injerencia privada en la institución.
“Tengo por probado, con especial remisión a lo resuelto en la sentencia del 25 de septiembre 2024 y con el grado suficiente de certeza, la verosimilitud en el derecho invocado, y que la modificación de la estructura jurídica del Banco Nación debe provenir de una ley en sentido formal emanada del Congreso Nacional, tal como sostuve al dictar sentencia”, concluyó Ramos Padilla.
De esta manera, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la representación legal de los trabajadores de la entidad.
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