La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, junto con la Asociación de Familiares e Hijxs de Detenidos, publicaron un comunicado donde cuestiona fuertemente la aplicación de las penas de cadena perpetua. Bajo el título “En Tierra del Fuego la cadena perpetua se convierte en pena de muerte”, las organizaciones denuncian que “por requerimiento de la jueza de Ejecución, les está fijando (a los condenados) el máximo de pena posible para ese tipo de condena, aplicando en todos los casos un cumplimiento efectivo de 50 años”. Del mismo modo, las personas condenadas a perpetua no gozarán de ninguna salida transitoria laboral o por estudios.
Soledad Carnebale, referenta de la asociación de familiares e integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, explicó que “esto que se denomina ‘computo de pena´ imposibilita de alguna manera que la persona que está cumpliendo una condena a perpetua pueda reinsertarse en la sociedad”.
En una entrevista brindada al programa “el delivery”, Carnebale señaló que “tenemos 37 personas condenadas a perpetua que van desde los 18 años en adelante. Esos pibes de 18 años no volverían a reinsertarse nunca más en la sociedad. Prácticamente morirían en manos del Estado” toda vez que saldría en libertad a los 68 años.
“Lo hablamos como pena de muerte, porque termina siendo una pena de muerte encubierta” remarcó.
Carnebale reveló también que desde el mismo Servicio Penitenciario preguntan “que se hace con una persona condenada a 50 años, que no tiene ningún estímulo educativo, trabajo ni tratamiento”.
En tal sentido, recordó que quienes cumplan cadena perpetua “no pueden acceder a ningún tipo de beneficio de salidas transitorias, ni por estudio, ni porque se reciba de abogado ni nada. Esto es así desde la última modificación del Código Penal en 2016. Hoy con perpetua no sale nadie verdaderamente”.
Carnebale mencionó además que este debate es imposible de sostener con el actual gobierno de Javier Milei “donde la bajada de línea es más cárceles para todos y menos derechos”.
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